Cuando una persona fallece sin testamento, se aplican las leyes de sucesión intestada de California. Los bienes se distribuyen entre los parientes vivos más cercanos en un orden establecido: generalmente, primero el cónyuge o pareja de hecho sobreviviente, seguido de los hijos, luego los padres, los hermanos y los parientes más lejanos. La parte exacta que recibe cada persona depende de la estructura familiar y de la naturaleza de los bienes.

No necesariamente. Si bien la mayoría de los bienes registrados únicamente a nombre del difunto pasarán por el proceso sucesorio, algunos bienes no lo hacen. Estos incluyen cuentas con beneficiarios designados, como seguros de vida o cuentas de jubilación, bienes en fideicomiso en vida y propiedades de propiedad conjunta con derecho de supervivencia. Para estos últimos, la propiedad se transfiere automáticamente, independientemente de si existe un testamento.

Sin testamento, no hay un albacea designado. En su lugar, el tribunal testamentario nombra a un administrador —generalmente un familiar cercano— para que asuma esa función. El administrador es responsable de identificar los bienes, saldar las deudas pendientes y distribuir lo que queda de acuerdo con la ley estatal. Este proceso está supervisado por el tribunal y puede durar considerablemente más que una administración testamentaria planificada.

En general, no. Una vez que se aplica la sucesión intestada, la distribución de los bienes se rige por la ley, no por los acuerdos entre los miembros de la familia. Incluso si todos los herederos están de acuerdo en un arreglo diferente, la ley dicta el resultado a menos que se tomen medidas legales formales. Esta es una de las razones principales por las que los profesionales de planificación patrimonial recomiendan tener un testamento válido.

Es más común de lo que la mayoría de la gente cree. Diversos estudios demuestran que entre el 55 % y el 70 % de los adultos estadounidenses fallecen sin un testamento válido. Esto significa que la mayoría deja el destino de su patrimonio completamente en manos de la ley estatal, que puede no reflejar sus deseos personales. A pesar de la amplia concienciación sobre la planificación patrimonial, muchas personas retrasan o evitan el proceso por completo.